Redacción. Madrid
Familiares de enfermos de alzheimer han reclamado poder disponer del patrimonio del paciente para lograr hacer frente a los gastos que se derivan del procedimiento de incapacidad, que suele alargarse un año en los tribunales, así como para poder financiar el pago de una residencia.

Alfredo Calcedo.

Esta es una de las conclusiones a las que han llegado diversos expertos y familiares reunidos dentro del programa que la Fundación Alzheimer España está desarrollando con motivo del Año Internacional de esta enfermedad, con el objetivo de abordar los conflictos y los principales problemas legales que causa esta patología.

El psiquiatra forense y colaborador de la fundación, Alfredo Calcedo, ha subrayado que, aparte de los problemas propios de la enfermedad, se plantean otro tipo de decisiones que también conciernen al paciente pero que “suelen generar bastante conflictos a nivel familiar”.

En concreto, este experto se ha referido a la necesidad de nombrar a un tutor, “una persona que comenzará a tener una serie de responsabilidades para con el enfermo a nivel legal, lo que en muchas ocasiones le acarreará ciertos problemas con el resto de la familia por discrepancias o desconfianzas, puesto que será en encargado de controlar el dinero y el patrimonio del enfermo”.

No obstante, ha apuntado que uno de los avances que ha habido en este sentido ha sido la creación de los denominados poderes preventivos, que permiten a los enfermos nombrar a algunas personas para que opten a convertirse en sus tutores legales cuando sean declarados incapaces.

Por otro lado, Calcedo ha denunciado el “problema de saturación” que existe actualmente en los juzgados, por lo que ha abogado por modificar la legislación vigente de forma que “no haya que hacer un largo proceso de incapacidad para un hecho puntual, como vender un activo inmobiliario”.

En este sentido, ha señalado que habría que “adaptar o cambiar” la legislación actual ya que, según ha explicado, la ley que se aplica a enfermos de alzheimer a la hora de ingresar en una residencia de ancianos es la de enfermos mentales, es decir, la del internamiento involuntario.

“Muchos jueces discrepan a la hora de aplicar esta normativa, por lo que ya nos hemos puesto en contacto con responsables del Foro Justicia y Discapacidad, que son quienes asesoran al Ministerio de Justicia, para que intenten modificar o presionar a los legisladores en esta línea”, ha concluido Calcedo.